05/06/2025
Las fronteras de Venezuela, como San Antonio del Táchira y Paraguachón, son escenario de constantes abusos de autoridad que ahuyentan a los turistas. Funcionarios migratorios y policiales, aprovechando su poder, imponen trabas y exigencias que convierten la entrada al país en una experiencia intimidante. Este ambiente hostil disuade a visitantes que podrían impulsar la economía local.
La corrupción es una práctica común en los pasos fronterizos. Los turistas, ya sea en vehículo o a pie, enfrentan solicitudes de sobornos para agilizar trámites o evitar revisiones innecesarias. Estas extorsiones no solo incrementan el costo del viaje, sino que generan una percepción de inseguridad que aleja a quienes consideran explorar Venezuela.
En los estados fronterizos como Táchira y Zulia, las alcabalas policiales agravan el problema. Estos retenes, lejos de ofrecer seguridad, funcionan como puntos de extorsión donde los turistas son obligados a pagar sumas arbitrarias para continuar su ruta. La presencia excesiva de estos controles desalienta los viajes por carretera, clave para el turismo interno.
El impacto de estos abusos es devastador para el sector turístico. Los relatos de maltrato y corrupción se propagan, reduciendo el interés por visitar destinos venezolanos como Los Andes, las playas del Caribe o La Gran Sabana. La falta de confianza en las autoridades fronterizas limita el flujo de visitantes, privando al país de una fuente vital de ingresos.
Sin una reforma que combata la corrupción y el abuso de poder, el turismo en Venezuela seguirá estancado. La imagen del país como destino atractivo se deteriora, y los viajeros optan por otros lugares donde no se sientan vulnerados. Lastimosamente la frontera, en lugar de ser una puerta de entrada, para algunos visitantes venezolanos o extranjeros, se ha convertido en un obstáculo insalvable para el turismo.
